El diputado del PPD Felipe Harboe, llamó este martes al gobierno a promulgar cuanto antes la ley “No + Dicom”. Esto debido a que la empresa Equifax (titular de Dicom) está ofreciendo a la venta a empresas y casas comerciales los registros de 6.055.423 cédulas de identidad, los cuales serán borrados una vez que entre en vigencia la nueva legislación.
“He recibido denuncias de altos ejecutivos de algunas empresas que han recibido llamados de altos agentes de la empresa Equifax, ofreciéndoles la venta de tres bases de datos. Se trata de las bases BED, Boletín Comercial e ICOM, las que en conjunto suman 6.055.423 RUT a un valor de $18.996.894 más IVA. Se trata de los RUT que, de acuerdo a la nueva ley deberán ser borrados por los distribuidores de datos personales”, señalo.
Felipe Harboe (PPD), impulsor de la nueva Ley Dicom, señala que el aumento de los deudores morosos en 45% tras la aprobación de esta iniciativa legal es natural: “Es lógico que… se produzca una reincorporación de los malos pagadores, porque la ley está hecha para los buenos pagadores”. El diputado explica que hoy existe un millón y medio de deudores y antes había 4.415.000 personas en los registros, destacando que “más de 3 millones salieron de los registros, lo que quiere decir que la ley está dando buenos efectos a la economía y también está disminuyendo el número de personas involucradas”.
Es una burla a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Con antecedentes de moras o retardos en el pago de arriendos, bloquean comercialmente a las personas. Además, no especifican los mecanismos que utilizarán para verificar que la información que se publicará es exacta y verdadera"
Harboe argumenta que “la ley estuvo bien hecha y significó que los buenos pagadores salieran” del registro. Agrega, además, que “la Ley Dicom no es el ‘borronazo’. La Ley Dicom lo que hizo es que terminó con la posibilidad de que terceras personas consultaran los antecedentes del Dicom para discriminar en los trabajos, en las atenciones médicas de urgencia o en la educación, lo cual constituye un aporte social a nuestro país.
A su vez el legislador llamó a los empresarios de casas comerciales y clínicas a no adquirir esta información ya que la Corte de Apelaciones consideró ilegal estos registros clandestinos. Por lo anterior, advirtió que si son sorprendidos utilizando esta información serán denunciados en tribunales.
“No se hagan cómplices de un acto de discriminación. Estaremos atentos y tendremos voluntarios del movimiento Acción en todo Chile fiscalizando estas malas prácticas”, concluyó.
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