La justicia acogió medida cautelar impuesta por El Clarín y aplazo su puesta en marcha. La controvertida Ley reglamenta el sistema de medios radiales y televisivos a través de entrega de licencias a las estaciones.
Los tribunales argentinos frenaron nuevamente la plena aplicación de la controvertida Ley de
Medios Audiovisuales aprobada en 2009. La medida cautelar fue solicitada por el
Grupo Clarín, el mayor grupo de medios del
país y principal detractor del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández. Esta
medida será vigente hasta que se dicte la sentencia definitiva iniciada por el
medio transandino que acusó de institucionalidad la norma impulsada por la Casa
Rosada.
Esto mantiene férreamente enfrentado al gobierno de la
Señora K con el grupo Clarín, el más
poderoso conglomerado comunicacional del país, que, según datos de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), maneja el
70% de la comunicación, con dominio en 500 empresas de medios.
El Clarín, uno de
los principales grupos mediáticos de América Latina, tiene el diario de mayor
circulación en Argentina, canales de aire, de cable, radios y redes de
televisión por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos
(unos 2.000 millones de dólares) en 2011.
La ley
La legislación regula el sistema de medios radiales y
televisivos, establece un nuevo orden en las licencias de los medios
audiovisuales, que se componen por tres franjas que contarán con un 33% cada
una de ellas. En el caso del Grupo Clarín, este posee 14 licencias de radio
y televisión y la nueva normativa sólo permite un máximo de 10 por grupo
empresarial.
La compañía también tiene 240 señales de cable y la nueva
ley sólo posibilita la posesión de 24 por estación televisiva. Principalmente por esto Clarín logró medidas
cautelares, apelando al artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y argumenta
que la ley dañará la libertad de expresión y también asestará un duro golpe a
numerosos puestos de trabajo.
El estatuto que reemplazara a uno promulgado
durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983), reglamentará la
radio y la televisión pero no afectara el funcionamiento de la prensa escrita.
En Argentina
siete de 21 grupos están excedidos en licencias y tienen plazo hasta hoy 7 diciembre para presentar un plan de desinversión
de estas, de lo contrario la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) comenzará un proceso judicial el próximo 10 de diciembre.
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